El 7 de enero de 2020, la histórica constitución del gobierno de coalición progresista integrado por Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español culminaba en términos institucionales un proceso de empoderamiento ciudadano iniciado casi diez años antes.
La semilla más reciente de esta nueva institucionalidad estatal con vocación de justicia social había sido sembrada por sujetos y colectivos sociales que, en el marco del 15M, decidieron reunirse y poner rumbo, primero desde las calles y luego a través de candidaturas electorales en todos los niveles de la administración, hacia un nuevo estado de las cosas en el que la protección de la vida y la dignidad de las comunidades que integran nuestro país estuviera por delante de los intereses egoístas de las oligarquías económicas y sus títeres parlamentarios y gubernamentales.
Este proceso se desarrolló de forma relativamente rápida y efectiva, generando, no obstante, todo tipo de reacciones conservadoras y ultraconservadoras por el camino, que tendrían su expresión más visible en las maniobras sucias desarrolladas por ciertos sectores de las élites económicas, el Partido Popular y sus jueces afines, y posteriormente en la emergencia de una formación política de ultraderecha.
Si bien la ajustada investidura de Pedro Sánchez y la posterior formación del gobierno progresista generaron un estado de optimismo generalizado entre los círculos vinculados a la defensa de lo público, los colectivos feministas y LQTBIQ y las formaciones sindicales, el novísimo gobierno, con solo 2 meses de vida, se vio en la dificilísima labor de enfrentarse a la mayor crisis sanitaria, social y económica vivida en el planeta durante el último siglo, con sus correspondientes resultados en términos de contagios, muertes, desgaste del tejido productivo, social y económico e intensificación del conflicto político alentado por sus adversarios.
Meses después, la delicadísima situación en que España se encuentra como consecuencia de la pandemia del coronavirus -tanto en términos sanitarios como sociales y económicos, dado el inmenso aumento de las situaciones de vulnerabilidad generadas por el confinamiento y el desempleo- ha puesto en el punto de mira, como no podía ser de otra forma, tanto la gestión del recién nacido gobierno progresista como -de forma menos ruidosa- las recetas organizativas que el statu quo neoliberal habría implantado con notable éxito desde finales del siglo XX, cuando diversas convulsiones de orden económico y geopolítico sirviesen de ventana de oportunidad a las élites globales para instaurar su proyecto de concentración de la riqueza, crecimiento de las desigualdades y desprotección de las mayorías.
Todo ello apunta a un escenario inmediato y futuro enormemente complejo en el que tanto el proyecto progresista de redistribución de la riqueza, transición ecológica y revolución feminista, como el orden neoliberal, son objeto de cuestionamiento en un proceso de impugnación para el que aún no se vislumbra una conclusión a corto o medio plazo. Por una parte, si bien la crítica a la gestión del gobierno nacional está siendo agudísima, esta se produce en el marco de una ciudadanía con una cultura política permeada por 10 años de continuas movilizaciones sociales contra los recortes, la austeridad y la corrupción, y cuyas intuiciones sobre el reparto del poder, la riqueza y la naturaleza verdadera de la democracia han experimentado procesos de crecimiento y maduración difícilmente reversibles. En el mismo orden de las cosas, el fracaso del modelo de la austeridad y la corrupción ha generado también un intento de huida hacia adelante protagonizado por los sectores económicos, políticos y judiciales más reaccionarios de nuestro país, perfilados en máxime en una extrema derecha con una notable presencia institucional y que cuenta con un contexto social de incertidumbre óptimo para avanzar en su discurso de odio, miedo y exclusión. En este sentido, un factor de indiscutible importancia para el análisis de las posibilidades de la transformación en sentido emancipatorio de nuestro país, será, por supuesto, la viabilidad del actual gobierno, que aún aquejado de cierta debilidad parlamentaria, constituye el resorte principal desde el que articular las transformaciones en materia de justicia social que la mayoría absoluta de la población española reivindicó en las urnas en las elecciones de junio y noviembre del año pasado (y repetidamente durante la última década, en forma de movilizaciones y activismo social de todo tipo).
En relación al ciclo de cambio más amplio en el que pueden enmarcarse las tensiones agravadas por la pandemia, y al respecto de sus posibilidades de continuidad, el principal peligro para el proceso de transformación inaugurado con el 15M quizá pueda localizarse en el periodo de impugnación social y política que ya se ha abierto en nuestro país a causa de la pandemia. En términos de liderazgos, este proceso implica que las palabras de Sánchez, Iglesias, Casado, Arrimadas, Errejón o Abascal -así como los proyectos políticos de que estas pretendan dar cuenta-, van a ser objeto de un cuestionamiento feroz durante los próximos meses y años, en tanto se desarrolle la lucha por instaurar un nuevo sentido, un nuevo relato en torno a qué es lo que ha ocurrido en nuestro país y en nuestro planeta durante la pandemia, de quién han sido las culpas y a quién (a qué persona, pero más importante, a qué proyecto político) se concede la legitimidad necesaria para capitanear la transición hacia la era post-pandemia y establecer los términos en que se pensarán tanto el futuro como los acontecimientos que lleven hacia él. En suma, aún habiéndose iniciado un ciclo político-institucional progresista a nivel estatal hace menos de un año, el tsunami civilizatorio generado por la Covid19 ha provocado que, como antes del 15M, la gente vuelva a pensarse en un interín político y social en el que el país está roto social, económica y políticamente, y ante el que se vislumbran, a bote pronto, dos posibles respuestas alternativas:
a) El proyecto supuestamente antisistema de la extrema derecha, que a pesar de nutrirse del desencanto y la situación de fragilidad social, no deja de ser profundamente servil para con los intereses oligárquicos, amén de conservador, elitista, excluyente y objetivamente hostil hacia las mayorías sociales -especialmente para las mujeres-, las minorías étnico/culturales, el colectivo LGTBIQ y el entorno medioambiental
y
b) La apuesta por la continuidad e intensificación en las transformaciones democratizadoras, redistributivas, de sostenibilidad ecológica y feministas que la ciudadanía española puso como prioridades en los últimos ciclos electorales, y que supusieron el legado indiscutible del 15M y de toda la sociedad civil que hizo de este movimiento su punto de encuentro.
A pesar de lo convulso del terreno político, los estudios demoscópicos realizados durante los últimos meses apuntan de forma casi unánime a que la opinión pública española sigue inclinada mayoritariamente a apoyar un diagnóstico y unas soluciones que vayan en el segundo sentido apuntado -en el progresista-.
No obstante, la velocidad vertiginosa a que se desarrollan y construyen comunicativamente los acontecimientos políticos en la era de las TIC hace difícil vaticinar que -en el caso de que la legislatura aguantase los 4 años reglamentarios-, de cara a un nuevo ciclo electoral, las tendencias políticas mayoritarias siguieran la dirección que presentan actualmente, y que el bloque de gobernabilidad progresista, tal y como se encuentra configurado a día de hoy, pudiese mantener o ampliar sus apoyos.
Este último hecho (la institucionalidad frágil que constituye la expresión de una ciudadanía mayoritariamente favorable a la solidaridad, la justicia de género, social y ecológica) parece llevar, paradójicamente, a la necesidad de la constitución de un tejido social más o menos espontáneo, más o menos organizado, capaz de desbordar los términos en que actualmente se produce la discusión: es decir esto, ante la impugnación partidista ejercida desde las corrientes reaccionarias, la emergencia de una marea ciudadana que exigiese al gobierno el cumplimiento estricto de sus compromisos (y que ampliase el alcance y la naturaleza de las reivindicaciones en materia de avances sociales) serviría de contrapeso y de balón de oxígeno a una corriente política de la que el actual gobierno de coalición supone una expresión circunstancial y para cuyo sostenimiento y desarrollo la sociedad civil será totalmente decisiva.
Si en 2011 el 15M permitió elevar al debate público propuestas relativas a la transición ecológica, a la justicia salarial y fiscal, al feminismo y a la economía de los cuidados, en 2020 la respuesta social a la Covid19 debería plantearse en términos discursivamente constituidos: ya no se trata de debatir sobre la pertinencia de dichas propuestas (una vez la pandemia ha demostrado no solo que eran necesarias ya desde 2011, sino que estas se quedarían probablemente cortas para abordar las problemáticas actuales), sino de convertir en foco de denuncia cualquier dubitación de las instituciones a la hora de convertirlas en políticas públicas efectivas, así como de poner de manifiesto que el horizonte aspiracional puede -y debe- fijarse hoy en parámetros y objetivos mucho más ambiciosos. Esto último encuentra respaldo en el hecho de que las medidas adoptadas por el gobierno progresista, aún de gran dimensión y sin precedentes, no están siendo suficientes para prevenir los efectos de una crisis brutal cuyo impacto ya empieza a notarse entre los sectores más vulnerables de la población. La insuficiencia de las medidas, así, implicaría una posibilidad para aumentar el alcance y la intensidad de los objetivos a conseguir, así como los apoyos sociales para estos (la reducción de las ratios en las escuelas, por ejemplo, habría dejado en la actualidad de ser una reivindicación limitada a la ciudadanía progresista para convertirse en una exigencia sanitaria y social inaplazable y asumida por la mayoría de la población; la expansión de los recursos destinados a la sanidad pública se estaría transformando en un clamor procedente de la práctica totalidad del electorado; la gestión neokeynesiana del mercado laboral y la planificación coherente de la actividad productiva -en claves de indiscutible sostenibilidad ecológica y equidad de género, por supuesto- aparecerían como único asidero de supervivencia reivindicado hasta por los otrora detractores del intervencionismo (una vez la alternativa sería una debacle económica que pondría en peligro la propia viabilidad de las economías capitalistas de consumo), etc.).
En este sentido, entender el presente momento histórico de crisis (en tanto cuestionamiento de hecho de las estructuras neoliberales económicas, sociales y políticas que venían sosteniendo las sociedades occidentales durante la última mitad de siglo) permitiría no solamente el reconocimiento colectivo del fracaso de las tesis de austeridad y ahorcamiento de las mayorías sociales en pos de modelos de “desarrollo” hoy manifiestamente hundidos y deslegitimados, sino que haría plausible también poner rumbo hacia un proyecto político de progreso mucho más ambicioso que el que la hegemonía neoliberal habría permitido imaginar hasta sufrir el desmesurado revés que la pandemia ha supuesto.
La posibilidad de mantener y reforzar el complejísimo íter de progreso experimentado en nuestro país durante su ciclo histórico más reciente parecería depender, por tanto, de que nuestra sociedad protagonizara de forma autónoma una nueva contestación social histórica ante el actual momento de abismo civilizatorio (siendo esta respuesta equiparable al 15M, pero también a las movilizaciones previas e inmensamente significativas que allanaron el camino de la consecución de derechos civiles y sociales -se habla aquí de la labor de la sociedad civil durante la Transición, por ejemplo-), que fuera capaz de desbordar los términos acotados en que la institucionalidad funciona (incluso la más progresista de las institucionalidades), hacer viejos a los partidos que actualmente la vehiculan (incluso a los que emergieron de la contestación social histórica que fue el 15M) y dibujar horizontes aspiracionales nuevos que quizá aún hayan de ser imaginados en sus vértices y expresiones concretas, pero para los que los que el inmenso haber de tradiciones de acción y pensamiento político emancipador servirían como base referencial más que suficiente a la que recurrir como fuente para la consulta y el aprendizaje.
Comentarios
Publicar un comentario