El Covid-19 como ventana: hacia una España -y un mundo- más justos

 (Autor/a desconocid@)

       Una década después de la “Gran Recesión” de 2008, y tras algunos años de vacilante crecimiento económico, el mes de marzo de 2020 ha supuesto para España la entrada en el peor escenario sanitario, social y económico que el país atravesase desde la posguerra civil. La pandemia del coronavirus ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, el cierre casi absoluto de las fronteras internas y externas del país, la paralización en seco de su economía y la entrada en un nuevo proceso de impugnación política y social del cual aún no se sabe qué actores -tanto públicos como privados- saldrán favorecidos o dañados de muerte.

    Como toda crisis socioeconómica, la del coronavirus ha hecho mella en las cifras de empleo del país -si bien una huella aún modulada, en relación a otras economías¹,por los programas de protección del empleo desplegados por el gobierno central-, que se han visto notablemente afectadas por el confinamiento y directamente vinculadas a la descomunal caída del PIB experimentada durante el primer trimestre del año². Hasta 286000 empleos, atendiendo a la última Encuesta de Población Activa, habrían sido destruidos por la pandemia, sin contar aquellos actualmente paralizados en régimen de ERTE. Esta colosal crisis en materia laboral -cuyo desarrollo, además, acaba de iniciarse-, viene a sumarse a una tendencia de destrucción de empleo -y al crecimiento consecutivo de la pobreza, en economías en las que el ingreso y el empleo están herméticamente asociados- en marcha desde la década de los 70, y cuyas alarmantes perspectivas provocaron la alarma dentro de la propia OCDE ya a principios de los 90³.

   La virulencia del panorama ha intensificado al máximo un debate ya latente en muchos grandes espacios de decisión nacionales y mundiales en torno al propio concepto de “trabajo”, así como a la relación entre este y el ingreso. Dicha relación vuelve⁴ a ser fuertemente problematizada, una vez la pandemia ha puesto en jaque la capacidad de consumo de los mayores mercados del mundo y, con ello, la viabilidad a corto y medio plazo de la economía capitalista mundial. Dada la actual caída en el desempleo de cientos de miles de personas a nivel nacional (y de millones a nivel mundial, en contexto de globalización económica), y las dantescas previsiones en la materia para el futuro⁵, la disponibilidad sobre un ingreso básico se convierte hoy en una idea de la que hacen apología incluso quienes fueran en otros momentos sus mayores detractores⁶.

        No obstante, si bien la actual situación económica límite ha puesto sobre el tablero la necesidad de reformular las nociones tradicionales de ingreso y trabajo, incluso dentro de aquellas corrientes políticas e ideológicas más progresistas la manera de articular nuevas formas de entender estos conceptos es objeto de profundas confrontaciones, en las que se incardinan debates filosóficos de gran alcance, diversas maneras de entender la naturaleza y funcionamiento de los sistemas económicos contemporáneos y, por supuesto, las relaciones de fuerza existentes en cada momento en los sistemas políticos.

     En términos generales, el conflicto de propuestas existente dentro de los movimientos encasillables dentro de la amplia familia de la “izquierda” internacional puede sintetizarse acudiendo a la polémica desarrollada entre James Livingston y Scott Ferguson -ambos reputados académicos favorables a la redistribución de la riqueza, si bien desde perspectivas distintas- representantes de dos ideaciones de gran predicamento, y que centralizan el debate en cuestión: la Renta Básica Universal y el Trabajo Garantizado -en adelante, RBU y TG-. Grosso modo, estos conceptos pueden definirse de la siguiente forma⁷: la RBU (condicionada o no⁸) sería aquella medida de política económica por la que se asignaría periódicamente a cada ciudadan@, por el hecho de serlo, una cuantía determinada de dinero; el TG sería la medida por la cual, desde la esfera del gobierno, se aseguraría que toda persona en busca de un trabajo tuviese acceso a uno -y con ello, al correspondiente ingreso-, para lo cual se procedería a crear y a financiar desde el ámbito público todos aquellos puestos de trabajo necesarios para tal fin.

     Si bien ambas propuestas parten de la necesidad de garantizar ingresos al total de la ciudadanía ante un escenario de destrucción, precarización y caída salarial en el empleo, la discusión entre los defensores de cada una de ellas ha sido -y es- más que ardua, una vez sus respectiv@s simpatizantes consideran, cada uno desde su propia perspectiva, que la propuesta contraria termina cayendo en la trampa de la ideología neoliberal a la que pretende combatir: l@s defensor@s de la RBU apuntarán lo que entienden como falta de visión crítica sobre la idea de trabajo⁹ existente en la propuesta del TG y su supuesto continuismo de los esquemas capitalistas de organización del ingreso y la riqueza; l@s adept@s al TG, por su parte, criticarán la tendencia neoliberal y las lagunas económicas existentes, según su persepctiva, en el esquema de la RBU, una vez no persigue fomentar la interdependencia social ni el enriquecimiento de la vida comunitaria -ventaja que tendría, dentro de su perspectiva, el TG-, sino simplemente repartir dinero sin consideraciones de filosofía política ni cálculos macroeconómicos de mayor profundidad¹⁰.

      En el panorama español, si bien ambos enfoques saltaron con cierta fuerza al debate mediático y político (a partir de la emergencia del movimiento 15-M en 2011, y posteriormente con la irrupción de las candidaturas electorales municipalistas, autonómicas y nacionales vinculadas a Podemos durante 2014 y los años sucesivos), ninguna de ellas logró, hasta la crisis del Covid-19, hacerse un espacio entre los debates sustantivos del gobierno español. Este último, si bien aún ajeno a la RBU o al TG en sus definiciones esenciales, se encuentra actualmente tramitando la implantación de un ingreso mínimo vital que se ha interpretado como un primer y tímido paso hacia la reformulación de las relaciones entre ingreso y trabajo en nuestro país, y que va en línea con las iniciativas que muchas otras naciones, con gobiernos nada sospechosos de progresistas, como Estados Unidos (“cheque estímulo”), o Brasil han puesto en marcha para incentivar el mantenimiento de la demanda a corto plazo y evitar el colapso absoluto de sus economías. Vistas, además, las terribles proyecciones para el futuro más inmediato de la economía española remitidas por el propio gobierno del país¹¹, no parece descabellado aventurar que la puesta en marcha de medidas de estímulo de la demanda habrán de ser ser impulsadas de forma imperativa a fin de evitar el hundimiento económico y social del país.

     En este excepcional y catastrófico estado de las cosas es, paradójicamente, cuando la ventana de oportunidad para la construcción de esquemas de organización de lo económico más próximos al ideal de equidad parece¹² estarse abriendo más que en ningún otro momento de la historia reciente. Ello invita a reflexionar, con toda la cautela y detenimiento que la convulsión histórica permita, sobre cuáles, y por qué, habrían de ser las propuestas sobre la redistribución de la riqueza más adecuadas y consecuentes con la situación que actualmente atraviesa la Humanidad y, en concreto, nuestro país.

     Así, conviene, en este sentido, tener en cuenta que la crisis del coronavirus adquiere implicaciones de relevancia fundamental para el esbozo de una economía que romperá los esquemas de la globalización tal y como era conocida hasta ahora: no solo sectores directamente vinculados a ella se verán tremendamente mermados -tales como el de los transportes o el turismo-, sino que las propias cadenas de organización mundial de la producción experimentarán convulsiones que apuntan, siguiendo a sus propios representantes¹³, a una reversión del proceso de deslocalización experimentado durante las últimas décadas. Esto último podría comportar un cambio fundamental en el equilibrio capital/trabajo que sería imprescindible considerar a la hora de pensar estrategias para un nuevo estado de las cosas tras la pandemia. La necesidad del sector textil -y el potencial desarrollo de iniciativas industriales en materia sanitaria, química o tecnológica- de regresar al término territorial nacional implicaría, de mantenerse en el gobierno fuerzas de carácter progresista, una oportunidad para aprovechar el nuevo equilibrio entre capital y trabajo y generar una nueva institucionalidad que posibilitara aprovechar los aspectos más edificantes de las propuestas asociadas a la RBU y el TG. Asimismo, ideaciones como el denominado “Green New Deal” -consistente en un gran programa de inversiones públicas que permitiese crear empleos estables y bien pagados vinculados a la transición ecológica-, de lograr materializarse una vez superada la pandemia, cambiarían radicalmente el panorama en materia laboral y existencial de millones de trabajador@s en España (y en cualquier país en que se implantase dicha “Nueva Solución Verde”).

    El escenario y proyecciones de la economía nacional y mundial aquí revisados apuntan, independientemente del sentido final que estas adquieran en términos empíricos, a una más que probable transformación en el modo de funcionamiento y comprensión de los mecanismos socialmente establecidos hasta el momento en relación al concepto, producción y reparto de la riqueza que generan las comunidades humanas. La prioridad, desde una postura analítica enfocada a optimizar el carácter emancipador de dicha transformación, no es más -ni menos- que la de lograr que esta integre necesariamente elementos que ya han sido más que teorizados y debatidos entre los círculos de especialistas en la materia, y cuya pertinencia adquiere en el presente histórico grados de legitimación sin precedentes.

     Así, en referencia a las políticas relacionadas con la RBU, parece necesario aquí remitir a las opiniones de quienes son expert@s en la gestión de prestaciones monetarias en nuestro país -y fuera de él. Manuel Cañada y Marta Sánchez de Ron -integrantes de la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad- explicaban en un artículo¹⁴ de El Salto Diario del pasado 8 de abril las numerosas objeciones a medidas de carácter condicional tales como las de ingreso mínimo. L@s autor@s señalan en el artículo, tras consulta con numerosas asociaciones de trabajador@s sociales, cómo las prestaciones monetarias mínimas no solo no solventan el problema de la pobreza y la exclusión, sino que lo perpetúan, agravando la desarticulación social ya existente entre los estratos más desfavorecidos de la ciudadanía¹⁵. Por otro lado, Juan López Torres, reputado economista progresista experto en este tipo de políticas, señala cómo el hacer incondicional la prestación económica ha permitido, en los países en que se ha puesto en marcha¹⁶, incentivar el consumo, mejorar los indicadores de salud y aprovechamiento escolar, la reducción de índices de criminalidad y la mejor conciliación entre la vida laboral y la realización de tareas de cuidados en el ámbito doméstico.

       Por otro lado, si bien la potencial relocalización industrial que podría observarse en el futuro más próximo en España y en el resto de los países de la órbita euro-occidental contribuirá a elevar el número de empleos en estos territorios, tratándose de sectores como el textil (acostumbrados a pagar salarios de inframiseria en países de África, Latinoamérica y el sudeste Asiático), la batalla por recuperar dichos empleos en un marco de condiciones laborales dignas habrá de darse. En este sentido -además de la impostergable necesidad de desarrollar industrias verdes potentes y que supongan el núcleo de los tejidos productivos y ocupacionales nacionales-, la existencia de una bolsa de Trabajo Garantizado como la propuesta por l@s defensores de dicho enfoque, permitiría al sector público mantener un nivel salarial digno al que podría acogerse cualquiera que lo desease, forzando a las empresas del sector privado a descartar la competición vía salarios bajos, y a desarrollar una producción de alto valor añadido y generadora de empleos estables y cualificados. Del mismo modo, en un periodo económico de transición hacia nuevos modelos en que la actividad de cuidados y las labores reproductivas pasasen a adquirir una relevancia cualitativa y numérica importante, el TG permitiría desarrollar desde la esfera pública la estructura económica y laboral correspondiente a un nuevo paradigma en que la vida humana sostenible sería el núcleo, que jugaría un papel importantísimo en el diseño de nuevas sociedades y cuya adecuación en términos de valoración económica y derechos laborales sería, de este modo, garantizada.

     La crisis del Covid19, puede concluirse, supone una oportunidad gigantesca para reivindicar de forma efectiva nuevas formas de entender y materializar desde el ámbito político y económico la experiencia humana, las relaciones de las personas con el entorno social y natural, y la primacía de la equidad como criterio para organizar la distribución de estos. Si bien el contexto de shock¹⁷ no deja de suponer una oportunidad también para quienes se benefician del statu quo neoliberal y lo defienden con uñas y dientes, la adopción de medidas keynesianas e intervencionistas por parte de las administraciones nacionales e internacionales que con mayor fervor se entregasen al credo ortodoxo de la austeridad (EEUU, UK, Canadá, Alemania, Francia; la Unión Europea y organismos vinculados a esta como el BCE, por señalar algunos ejemplos) parece imprimir en el imaginario colectivo mundial la certeza de que la pandemia y sus consecuencias abrirán las puertas de una nueva era que, dando por supuesto que terriblemente difícil, aún es susceptible también de estar llena de cambios positivos que invitan a enfrentarse a ella con esperanza.

Notas 

1A día 30 de abril de 2020, frente a los 30 millones de desempleados generados por el coronavirus en Estados Unidos, España logra mantener la cifra por debajo de los 286 mil.

2Atendiendo al INE, dicho desplome se cifra en el 5,2%, la mayor caída documentada desde que la institución mide la evolución del PIB (INE, 2020).

3Atendiendo a André Gorz, dentro de la OCDE habría surgido una división entre “economistas” (férreos creyentes en que el problema del empleo se resolvería mediante ajustes desde el lado de la oferta) y “tecnólogos”, quienes habrían alertado de la naturaleza estructural y abocada a agravarse del desempleo a cuenta del avance tecnológico. En la misma línea, el autor apunta a la declaración del Departamento de Trabajo de Estados Unidos según la cual «el 30% del flujo anual de graduados desde ahora hasta el año 2005 va a moverse entre el paro y el subempleo» (Gorz, 1994).

4La discusión en los movimientos internacionales de izquierda sobre nuevas formas de plantear esquemas de redistribución atraviesa los SXIX y XX, y se intensifica a principios del SXXI con motivo de las desigualdades ocasionadas por el avance del neoliberalismo y especialmente tras la crisis bancaria mundial iniciada en 2008 tras la quiebra de la entidad Lehman Brothers.

5Siguiendo al Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la crisis del coronavirus podría provocar la pérdida de hasta 100 millones de empleos en el sector turístico -que a su vez supone el 10,3% del PIB mundial- (Europa Press, 2020).

6Para el caso español, figuras como Toni Roldán -exdiputado por Ciudadanos- o Luis de Guindos -exministro de Economía, Industria y Competitividad de Mariano Rajoy y actual vicepresidente del Banco Central Europeo-, ambos firmes opositores a políticas de gasto de carácter expansivo, se han pronunciado a favor de establecer algún tipo de ingreso mínimo que permita mantener en España y en Europa el consumo a fin de evitar una debacle económica aún mayor.

7Para definiciones más extensas y detalladas -y en las cuales se inspiran las aquí propuestas como resumen-, se recomienda acudir a las obras sobre el tema Daniel Raventós y Juan López Torres (renta básica universal), o Hyman Minsky, Alberto y Eduardo Garzón o Adoración Guamán (trabajo garantizado).

8Se distingue en este punto entre Renta Básica Universal Incondicional (aquella que cobrarían todas las personas por el mero hecho de existir, e independientemente de su situación laboral o de su nivel de ingresos, entre otros factores) y otras prestaciones económicas condicionadas a diversos aspectos (Ej.: la renta mínima, sujeta a no superar un nivel de ingresos concreto -dejaría de percibirse en caso de superarse este-).

9L@s simpatizantes de la RBU señalan el carácter históricamente opresivo del trabajo, entendiéndolo como expresión de las desigualdades económicas que hacen que unas personas puedan explotar a otras. Un ejemplo especialmente vehemente de esta perspectiva sobre el TG lo constituye el autor Juan Agustín Franco, quien da cuenta de varias de estas críticas en su artículo “Las falacias del debate entre trabajo garantizado contra renta básica universal”, publicado en El Salto Diario el 25 de octubre de 2018 (Franco, 2018).

10Un desarrollo mayor de estas críticas a la RBU desde la perspectiva del TG pueden encontrarse en el artículo “Siete argumentos contra la Renta Básica y a favor del Trabajo Garantizado” publicado por Eduardo Garzón en su blog www.eduardogarzon.net el 14 de agosto de 2014.

11Como informaba Eldiario.es el día 1 de abril de 2020, citando a la actualización del Programa de Estabilidad 2020 y al Plan Nacional de Reformas remitida a Bruselas por el gobierno de España, se espera una caída del PIB del 9,2% para 2020 (casi 4 veces mayor que la experimentada en 2009 tras la crisis de las subprime) y un aumento del paro del 19,2%, entre otros desalentadores cambios en los indicadores macroeconómicos.

12Es fundamental no olvidar, no obstante, la cantidad y la intensidad de movilizaciones del sesgo conservador y neoliberal que tendrán lugar a fin de evitar un cambio sustantivo en el statu quo que pueda perpetuarse más allá del actual contexto de emergencia.

13Tras las declaraciones al respecto a FEDECON y ACOTEX, dos de las patronales del textil español, Eldiario.es publicaba el día 9 de marzo de 2020 -antes incluso de la declaración del Estado de alarma en España, pero ya experimentado el shock de oferta en el sector tras el parón económico de China- que “Aunque cada empresa tiene su propio plan de contingencia, la solución general de la industria pasa por traer de vuelta las producciones a países más cercanos, como Marruecos, Turquía, Portugal o España” (Eldiario.es, 2020).

14“La era está pariendo un corazón. Es la hora de la renta básica”, en El Salto Diario, 8 de abril de 2020.

15En relación a esto, indican Cañada y Sánchez de la Ron cómo el proceso de tramitación de estas prestaciones es fuertemente excluyente e inoperativo: “La criba de pobres nunca termina: un día los descartados son los solteros y al día siguiente quienes tienen estudios universitarios o quienes han sido autónomos o aquellos que disfrutan el imperdonable privilegio de ser contratados por un mes…” (El Salto Diario, 2020).

16El autor se centra en los experimentos realizados en la materia en Canadá, algunos Estados de EEUU como California o Colorado, y otros países como Kenia, Brasil, Namibia, o Irán.

17Especialmente reveladoras, en este sentido, son las tesis de Naomi Klein en torno a lo que ella denomina “Doctrina del Shock” y “capitalismo del desastre”, que sería aquella práctica por la que el capitalismo financiero aprovecha situaciones de gran impacto psicológico y confusión social para avanzar en su agenda de desarticulación comunitaria y profundización en las desigualdades sociales y económicas